El abogado Javier Cremades, responsable de la demanda presentada en nombre de los viajeros afectados por el abandono de sus puestos de trabajo de los controladores aéreos durante los pasados 3 y 4 de diciembre, ha explicado este martes, tras intervenir en los Cursos de verano de El Escorial, organizados por la Universidad Complutense de Madrid, que, una vez agotado el proceso por la vía administrativa, dependiente de AENA, “se abrirá la vía contencioso-administrativa” para que la causa sea juzgada por un juez. Así, Cremades, que ha recordado que la semana que viene su bufete presentará “una solicitud a AENA por más de 5.000 personas para reclamar daños y perjuicios y una indemnización de 10.000 euros” por cada pasajero, mientras que otro grupo similar lo hará en septiembre, ha valorado esta serie inicial de acciones como un simple intento de “lograr un resarcimiento” por la vía administrativa. “Estamos en una situación procesal que es la de toma de declaración a los imputados y hay un procedimiento penal abierto, el cual, por otro lado, servirá para pedir responsabilidades penales y civiles a los controladores en el futuro

El Gobierno ha destacado este viernes que el estado de alarma, que finalizará mañana sábado a las 24 horas, ha cumplido con su misión fundamental al garantizar “sin problemas” el derecho a volar de los españoles en épocas complicadas, como las fechas navideñas, además de permitir “encauzar” el final del conflicto con los controladores. En la rueda posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Interior y vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, subrayó que la declaración del estado de alarma fue “excepcional”, pero ha surtido sus efectos al garantizar el derecho de los usuarios a viajar, que de una forma “espectacular y dañina” se ha visto mermada

El portavoz de los controladores César Cabo se ha mostrado “optimista” ante el primer encuentro que mantendrán el lunes los representantes legales de USCA y los de AENA, tras el cierre del espacio aéreo el pasado 3 de diciembre, por el abandono de sus puestos de trabajo, ya que “la única manera de resolver un conflicto laboral es la negociación”. En declaraciones a Europa Press Televisión, destacó que la reanudación de los contactos es “una buena noticia”, pero subrayó que “nunca se debió llegar al extremo de declara el estado de alarma”, una medida que calificó de “inadecuada”. “Entendemos que nuestra petición ayer en el Congreso haya servido para que se entienda que la negociación es la única manera de salir de este conflicto y no mediante la imposición de leyes y decretos sin contar con los trabajadores afectados (…).

La Federación Empresarial Canaria de Ocio y Restaurantes (Fecao) ha solicitado este viernes a la Fiscalía que aplique el Estatuto Básico del Empleado Público y suspenda de funciones a todos los controladores aéreos del archipiélago. La organización ha constituido la Comisión de afectados regional por los daños ocasionados al sector y denunciará en el Ministerio Público el incumplimiento de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público

La Fiscalía aplicará la Ley Penal de Navegación Aérea para valorar la posible responsabilidad penal de los controladores aéreos que el pasado viernes abandonaron sus puestos de trabajo sin justificación, lo que provocó el cierre del espacio aéreo español y la convocatoria de estado de alarma.

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, acompañado por la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, inaugurará este jueves, 9 de diciembre, el Banco de Alimentos de Lanzarote, informó el Ejecutivo regional en un comunicado. De esta manera, el Banco de Alimentos, organización sin ánimo de lucro basado en el voluntariado, tiene como objetivo redistribuir los excedentes alimentarios que se generan en nuestro entorno y ponerlos al alcance de las personas que más los necesitan a través de centros asistenciales jurídicamente constituidos que tenga entre sus fines el de dar alimentos a los necesitados.

Los más de 2.000 afectados que se han unido en plataforma por el caos vivido en Barajas este fin de semana reclamarán a los controladores y a los responsables subsidiarios 10.000 euros de indemnización por pasajero como reparación de los “daños y perjuicios” ocasionados. El socio del despacho que se ha hecho cargo del caso, Luis Vericat, ha manifestado que un equipo de 60 abogados está trabajando en la estrategia jurídica y en la cuantificación de los daños para solicitar una indemnización que “seguramente será millonaria por la magnitud y extensión de los perjuicios causados”. La intención del equipo, perteneciente al despacho Cremades & Calvo-Sotelo, pasa por presentar la demanda el próximo 14 de diciembre ante la Justicia madrileña.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y los controladores aéreos canarios han firmado un acuerdo por el que el ente se ha comprometido con el colectivo del Centro de Control de Canarias a “agilizar al máximo” la formación del personal que aún no esté formado, después de que este jueves hayan entrado en vigor las nuevas maniobras de aproximación, que han provocado que un tercio de los controladores canarios se hayan negado a trabajar por considerar que no conocen dichas maniobras, informaron a Europa Press en fuentes de este organismo. Por su parte, según estas mismas fuentes, el sindicato de controladores USCA se ha comprometido a promover “la participación activa de la plantilla” para cubrir los puestos del personal no formado. Una tercera parte de los controladores asignados al turno de mañana de este jueves en el Centro de Control de Canarias se ha negado a trabajar, causando “graves perturbaciones” en el tráfico aéreo, que han afectado a 200 vuelos con un retraso medio de 100 minutos, según ha informado AENA.

Los controladores aéreos votarán este jueves en asamblea el principio de acuerdo firmado con AENA el pasado viernes con el que el sindicato USCA, que agrupa al 95% de los 2.400 controladores del ente público, y la compañía sellaron la paz tras más de seis meses de arduas negociaciones. El sindicato se acoge así al plazo de siete días para que sus afiliados den el visto bueno al acuerdo que servirá de “base” para la negociación del segundo convenio colectivo y que fija un salario medio de 200.000 euros al año hasta 2013, para los controladores operativos, y cuatro categorías de turnos –1.200 horas, 1.300 horas, 1.400 horas y 1.500 horas–, en función de la carga de trabajo de cada centro hasta un máximo de 1.670 horas anuales. Así, la masa salarial alcanzará los 480 millones de euros este año, tras haber reducido un 40% el salario medio por controlador, frente a los 350.000 euros de hace un año, y las retribuciones se fijarán de acuerdo con lo establecido en la ley y en función del tráfico vinculado a cada dependencia