La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado que el objetivo de la reforma laboral aprobada ayer por el Consejo de Ministros es evitar que haya más despidos den las empresas españolas y aseguró que la nueva regulación ha sido “muy pensada”.

“Lo que queremos es que no haya despidos”, aseguró la ministra en una entrevista concedida a Informativos Telecinco, en la que también afirmó que la nueva regulación laboral reconoce los derechos adquiridos de los trabajadores.

Báñez explicó que en esta crisis se ha despedido a “muchos” trabajadores porque a los empresarios y a los empleados “les han quedado muy pocas opciones para adaptarse a la realidad económica que viven hoy”.

La reforma laboral aprobada ayer por el Consejo de Ministros introduce, entre otras medidas, una indemnización por despido improcedente que en el caso de los contratos indefinidos será de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, mientras que la del despido procedente será de 20 días por año trabajado, con un máximo de un año de salario.

Además, la nueva normativa laboral delimita las causas objetivas del despido procedente de 20 días por año trabajado y permitirá a las empresas aplicarlo cuando puedan justificar haber tenido una caída de ventas durante nueves meses seguidos bajo control judicial.

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La ministra de Trabajo dice que el objetivo de la reforma es evitar los despidos

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado que el objetivo de la reforma laboral aprobada ayer por el Consejo de Ministros es evitar que haya más despidos den las empresas españolas y aseguró que la nueva regulación ha sido “muy pensada”.

“Lo que queremos es que no haya despidos”, aseguró la ministra en una entrevista concedida a Informativos Telecinco, en la que también afirmó que la nueva regulación laboral reconoce los derechos adquiridos de los trabajadores.

Báñez explicó que en esta crisis se ha despedido a “muchos” trabajadores porque a los empresarios y a los empleados “les han quedado muy pocas opciones para adaptarse a la realidad económica que viven hoy”.

La reforma laboral aprobada ayer por el Consejo de Ministros introduce, entre otras medidas, una indemnización por despido improcedente que en el caso de los contratos indefinidos será de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, mientras que la del despido procedente será de 20 días por año trabajado, con un máximo de un año de salario.

Además, la nueva normativa laboral delimita las causas objetivas del despido procedente de 20 días por año trabajado y permitirá a las empresas aplicarlo cuando puedan justificar haber tenido una caída de ventas durante nueves meses seguidos bajo control judicial.

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La ministra de Trabajo dice que el objetivo de la reforma es evitar los despidos

El comisario europeo de Industria, Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, ha desvelado que en su reunión de ayer en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le aconsejó “decir la verdad” a los ciudadanos para que observen la situación actual de la economía “tal y como es”.

“No hacemos política de nostalgia. Hay que decir las cosas tal como son”, defendió el comisario europeo durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. Barnier, en su segundo y último día de visita oficial en España, aseguró que ahora es el “tiempo del valor político” para afrontar los retos derivados de la crisis.

Precisamente, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró ayer al comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, antes de la reunión del Eurogrupo, que la reforma laboral que prevé el Gobierno aprobar este viernes será “extremadamente agresiva”, según captaron las cámaras de televisión. Estas declaraciones fueron matizadas posteriormente por el Ministerio de Economía, según el cual el ministro quería decir que la reforma iba a ser “extremadamente agresiva contra el paro”

Una semana antes, Rajoy reconoció en otra charla informal durante el Consejo Europeo que los cambios que ultimaba para el mercado de trabajo le iban a “costar una huelga general”.

Eso sí, Barnier valoró la reforma del sistema financiero para sanear los balances de los bancos de los activos vinculados al ‘ladrillo’, al asegurar que el Ejecutivo ha tenido “mucho valor” al aplicarla.

El comisario también defendió una tasa a las transacciones financieras, la conocida como ‘Tasa Tobin’, para repartir de forma “justa y equitativa” los esfuerzos por la crisis. “Ya pedimos muchos esfuerzos a los ciudadanos sobre salarios y jubilación”, apuntó.

Barnier aprovechó su intervención para defender la política de austeridad en la UE y advertir de que las deudas de hoy serán “más impuestos para los jóvenes mañana”. “Es una buena noticia que se esté poniendo en orden las finanzas de los países de la UE”, argumentó.

Por último, garantizó que ningún producto financiero podrá “escapar” de la regulación que la UE está introduciendo con el objetivo de incluir “algo de moral” entre los especuladores. “La opacidad ya se acabó”, sentenció.

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La CE aconseja a Rajoy “decir la verdad” a los ciudadanos

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha reconocido que 2012 va a ser “un año muy duro” y ha subrayado que la situación en que el Partido Popular ha cogido el país “no puede ser peor”. En este sentido, ha acusado al Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de haber sido “el peor gobierno de la democracia” y ha destacado que es necesario “abrir el mercado laboral y hacerlo flexible”.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Alonso ha recordado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido a que el Estado no deje quebrar ninguna Comunidad Autónoma y ha pedido que no se generen “alarmas innecesarias”, en referencia a las declaraciones del presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, en las que señalaba que Euskadi estaba en riesgo de quiebra.

“El Gobierno actual es responsable de arreglar los problemas que ha dejado el anterior. Somos responsables de la herencia, ya que se hereda lo bueno y sobre todo lo malo. La situación en que hemos cogido el país no puede ser peor. La verdad es que la situación es muy difícil y hace falta un factor añadido a las reformas que es el factor tiempo. Este año va a ser un año muy duro, va a ser un año largo y los españoles lo tienen que saber”, ha subrayado Alonso.

Por lo que se refiere a la reforma laboral que aprobará este viernes el Consejo de Ministros, Alonso ha destacado que el Gobierno ha venido anunciando y explicando “los objetivos de la misma” y ha señalado que lo fundamental es “frenar la sangría del paro y flexibilizar las normas del mercado laboral para que sea posible contratar en España”, en especial en lo que se refiere a los jóvenes.

Tras lamentar que en la actualidad España cuenta con jóvenes “sin posibilidad futuro y nos enfrentamos al riesgo de tener una generación perdida”, Alonso ha abogado por “abrir el mercado y hacerlo flexible”.

“Es necesario permitir otras posibilidades de contratación y que en las empresas, cuando haya dificultades, existan alternativas al despido. En otros países hay más flexibilidad interna y el ajuste de la crisis en términos de desempleo ha sido menor”, ha lamentado, para añadir que “España ha sido el país del despido”.

“Estamos en unas tasas de paro desbocadas y con la reforma laboral estamos sentando las bases para tener un mercado de trabajo que haya creación de empleo”, ha añadido.

RIESGO DE QUIEBRA Y PNV

Por lo que se refiere a las recientes declaraciones del presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, en las que alertaba de la situación económica de Euskadi, Alonso ha recordado que el presidente del Gobierno ya ha dicho que “el Estado no va a dejar que quiebre ninguna Comunidad Autónoma y por lo tanto va a ayudar a la que tenga problemas”.

“No he visto datos objetivos que nos permitan presumir que Euskadi está en riesgo de quiebra. Pido que no se generen alarmas innecesarias, ya que una cosa es el realismo y otra la especulación de futuros males y tragedias sin respaldo objetivo”, ha añadido.

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PP: la situación en que hemos cogido el país “no puede ser peor”

La presidenta del Partido Popular de Tenerife, Cristina Tavío, encabezará la delegación que representará a los populares de la isla en el próximo Congreso Nacional del partido, que tendrá lugar en Sevilla el próximo 17 de febrero.

Unos 90 afiliados y cargos orgánicos insulares formarán parte de la expedición, 41 de ellos en calidad de compromisarios. Los detalles de la organización fueron dados a conocer por la propia Tavío en el transcurso de una Junta Directiva Insular Extraordinaria celebrada esta tarde en Santa Cruz, a la que asistió el presidente regional de los populares, José Manuel Soria.

El PP de Tenerife presentará unas 40 propuestas de enmiendas a las cinco ponencias que debatirán en Sevilla con sus compañeros de toda España, referidas a Política, Social, Economía, Estatutos y Europa. Tavío agradeció el trabajo de la organziación en Tenerife en la preparación de esta cita congresual, y aseguró que “los intereses del norte, el sur y el área metropolitana de Tenerife estarán mejor representados que nunca en el Congreso Nacional del PP”.

En el transcurso de la Junta Directiva Insular también fue aprobada la nueva gestora puesta en marcha esta misma semana en el Puerto de la Cruz, en la que Sebastián Ledesma toma el relevo de Guillermo Meca al frente del partido en la Ciudad turística. Tavío tuvo palabras de agradecimiento para ambos y reiteró el respaldo de la dirección insular en la implantación del partido en el municipio.

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Cristina Tavío encabezará la delegación tinerfeña en el próximo Congreso Nacional del PP

Una mujer ha resultado herida de carácter leve tras sufrir un atraco en una joyería en el municipio de La Laguna, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso ha ocurrido en la calle San Juan, sobre las 17.30 horas, cuando el Cecoes ha registrado una alerta informando de que se había producido un atraco en una joyería y una mujer precisaba asistencia sanitaria, por lo que el 1-1-2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Loca y del Cuerpo Nacional de Policía, y una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal médico valoró y asistió a la herida, que fue trasladada a un centro sanitario tras haber sufrido erosiones en la cadera y en la pierna.

Entretanto, el Cuerpo Nacional de Policía instruyó las diligencias correspondientes y se hizo cargo de la investigación, mientras que la Policía Local colaboró con los servicios de emergencia.

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Una mujer resulta herida leve en un atraco a una joyería en La Laguna

La aspirante a la Secretaría General del PSOE Carme Chacón ha asegurado este lunes ante los delegados del PSM al 38 Congreso Federal que ella no es nacionalista, que nunca lo ha sido, incluso que es “más bien antinacionalista”, según han relatado a Europa Press asistentes a la reunión que ha mantenido con ellos durante dos horas y media en la sede del PSM.

En respuesta a la pregunta de uno de los delegados, Chacón ha dado esta respuesta y ha recordado además que ella no acudió a la manifestación de 2010 contra la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló algunos artículos del Estatuto catalán –en la que sí estuvo el entonces ‘president’ José Montilla–. Según ha dicho, lo que menos le gustó fue que se apelase a la “dignidad” de Cataluña como si esa dignidad colectiva fuese algo fácil de establecer por unos pocos.

Además, ha asegurado que a quienes seguro que no la quieren son los nacionalistas catalanes, porque el discurso socialista es lo que más daño puede hacer a su victimismo permanente hacia España y porque el acuerdo entre el PSC y el PSOE lo que persigue y seguirá persiguiendo es que el socialismo catalán fortalezca al conjunto del socialismo español.

También sobre su condición de catalana, ha opinado que si los socialistas empiezan a criticarse entre ellos en función de su origen estarán haciendo lo que querría la derecha, destruirse.

Ante una mayoría de los delegados del PSM que irán al Congreso –entre ellos varios partidarios de Alfredo Pérez Rubalcaba como el portavoz municipal en Madrid Jaime Lisavetzky– ha defendido además su posición de que el PSOE tiene que levantarse ya y no iniciar un periodo de transición que sería como dejar el coche “en el taller” durante dos años.

Es más, ha aludido a la convocatoria de elecciones anticipadas en Asturias, que acababa de anunciar el presidente regional, Francisco Álvarez Cascos, para recalcar que las elecciones en esta comunidad y también en Andalucía, ambas el 25 de marzo, demuestran que el PSOE tiene que tener lista ya una alternativa sólida de Gobierno.

DEFIENDE LA NO INJERENCIA EN LAS FEDERACIONES

Según los asistentes consultados, la exministra se ha comprometido, si es elegida secretaria general del PSOE, a la no “injerencia” en las Ejecutivas y liderazgos regionales, provinciales y locales y a hablar de manera permanente con los secretarios generales, que son los que conocen el territorio. También a poner en marcha una oficina municipal para potenciar el papel de los alcaldes y ayudarles, puesto que son los que primero detectan las tendencias en la sociedad.

Ha apostado también por aumentar la formación y ha aludido al movimiento 15M, afirmando que, sea más o menos acertado en sus reivindicaciones, lo que está claro es que es un movimiento no desdeñable y que está formado en parte por su gente. De ese modo, ha defendido abrir el partido para rejuvenecer el discurso y para estar presente en todos los sectores de la sociedad. “No consiste sólo en decir lo mismo en todas partes sino en hacer lo que se dice”, ha dicho, según los consultados.

La candidata, que ha respondido a una veintena de preguntas, ha hecho autocrítica por la gestión de la crisis que hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero defendiendo que probablemente el error no fueron los recortes de mayo de 2010 –que había que hacerlos– sino las medidas posteriores, como la subida del IVA, que paga todo el mundo por igual’. Así, ha defendido una reforma fiscal que haga que no todo el ajuste fiscal recaiga en quienes cobran una nómina.

Después del Congreso, ha estado de acuerdo en que debe haber integración y unidad. Para conformar su Ejecutiva si gana, ha dicho, hablará con los ‘barones’ e intentará contar con los mejores.

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Carme Chacón asegura que es “más bien antinacionalista”

El obispo de San Sebastián apuesta por abordar el fin de ETA sin marginar a las víctimas y pide que no se cometa más injusticias con ellas. Además, ha considerado que se ofendería a las víctimas de ETA si se las convocara a encuentros que mezclaran situaciones “muy dramáticas, pero diferentes”.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, monseñor Munilla ha manifestado que “la Iglesia está llamada a ser instrumento de paz en medio de la sociedad y, para ello, propugna el encuentro y el diálogo”.

No obstante, ha precisado que ese diálogo no puede “orillar a las víctimas, que son la parte más débil”. “Si por alguien la Iglesia tiene que tener una opción preferencial es por los más débiles, es por las víctimas del terrorismo”.

“Abordar el fin de ETA marginando a las víctimas, sería tanto como afrontar la violencia doméstica sin escuchar el grito de las mujeres maltratadas”, ha añadido.

Por ello, ha dicho que, desde ese punto de vista, “es normal que la Iglesia llame al diálogo, llame a la reconciliación, pero diciendo: ‘No cometamos más injusticias con las víctimas del terrorismo’”.

El prelado ha señalado que “es obvio” que existe “una deuda muy grande hacia ellas” y se ha tardado “mucho en reaccionar a nivel social”, no sólo por la Iglesia, sino por la sociedad en general. “Tenemos que tener cuidado de no difuminar el concepto de víctima porque ofenderíamos a las víctimas si intentásemos convocarlas a encuentros en los que se mezclasen situaciones muy dramáticas, pero diferentes todas”, ha añadido.

CARTA PASTORAL

José Ignacio Munilla ha recordado que los obispos vascos el año pasado firmaron una carta pastoral sobre la crisis económica y ahora se está preparando una sobre el tema de ETA.

Sin embargo, ha apuntado que antes “va a haber unos gestos inmediatos como es un encuentro por la paz y reconciliación en el inicio de Cuaresma y algunos otros gestos”.

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El obispo de San Sebastián pide abordar el fin de ETA sin marginar a víctimas

 Facua-Consumidores en Acción considera de “extrema urgencia” un cambio legal que obligue a las compañías aéreas y otras empresas de servicios a depositar fianzas para que los usuarios puedan recuperar su dinero y cobrar las correspondientes indemnizaciones en caso de quiebra.

Así, Facua señala que la paralización de la actividad Spanair, que sigue a las de Air Madrid y Air Comet años atrás, pone de manifiesto que los usuarios sufren “una enorme desprotección ante este tipo de situaciones”.

En el caso de Spanair denuncian que no sólo vendió billetes hasta un rato antes de anunciar el cese de su actividad, sino que se ha desentendido de sus pasajeros, abandonándolos a su suerte, incumpliendo el Reglamento europeo que la obliga a reubicarlos en vuelos de otras compañías, asistirles con comida, bebida y alojamiento durante la espera y abonarles compensaciones económicas.

Ante esta situación, Facua espera que el Gobierno “emprenda acciones no sólo contra la compañía, sino también contra sus máximos responsables para depurar responsabilidades a los niveles que sea necesario”. Además, considera que los nueve millones de euros con los que el Ministerio de Fomento ha anunciado que podría multar a la compañía representan “una cantidad ridícula” teniendo en cuenta la magnitud de las irregularidades cometidas por Spanair.

La asociación destaca también que el cobro de la multa podría ser inviable si el procedimiento concursal determina que no cuenta con bienes suficientes para pagar a los acreedores privilegiados.

La Ley Concursal, que coloca a los usuarios a la cola de los acreedores, impide en muchos casos que puedan recuperar la totalidad de su dinero e incluso ni una mínima parte, como, a su juicio, ya se ha puesto de manifiesto en procedimientos sobre otras empresas de servicios.

Del mismo modo, Facua critica que el Ministerio de Fomento obvie a las asociaciones de consumidores, no dándoles participación en su comité de coordinación y seguimiento para garantizar los derechos de los pasajeros de Spanair. La asociación reclama a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que convoque a una reunión de urgencia a las asociaciones de consumidores representativas y al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) para informarles de la situación y las medidas que adopte el Ejecutivo.

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Facua cree “urgente” que las aerolíneas depositen fianzas

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas fijará objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública individuales para todas las comunidades autónomas, además del objetivo global, según consta en el anteproyecto de le de estabilidad presupuestaria que ha enviado el Gobierno a los grupos parlamentarios y al que ha tenido acceso Europa Press.

Una vez aprobados los objetivos globales, Hacienda formulará una propuesta para cada comunidad y, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera (que deberá pronunciarse en quince días), fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para “todas y cada una de ellas”.

Hasta ahora, el Gobierno elaboraba objetivos de estabilidad globales que incluían un límite de déficit concreto para el Estado, otro para las comunidades autónomas, otro para las entidades locales y otro para la Seguridad Social. De esta forma, las comunidades tenían que cumplir un objetivo global común que, por ejemplo, este año ascendía al 1,3% del PIB.

Según la nueva ley, las comunidades tendrán que cumplir además un objetivo de déficit individual. A partir de ese objetivo de déficit y, basándose en la regla de gasto, cada comunidad elaborará su Presupuesto y enviará las líneas generales del mismo al Gobierno antes de aprobarlo.

Antes del 1 de abril de cada año, el Ministerio de Hacienda elevará al Gobierno un informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda en los presupuestos, así como sobre de la adecuación de las cuentas a la regla de gasto.

En caso de apreciar un riesgo de incumplimiento de alguno de los objetivos, el Ministerio de Hacienda formulará una advertencia a la administración responsable, que tendrá un mes para adoptar las medidas necesarias para evitar el riesgo. Si el Gobierno no aprecia estas medidas, podrá aplicar las sanciones.

El incumplimiento de los objetivos obligará a la administración correspondiente a elaborar un plan económico-financiero de reequilibrio que permita volver a la senda establecida en un año. La administración incumplidora tendrá un mes para presentar este plan desde que se detecte el incumplimiento y su puesta en marcha no podrá durar más de tres meses.

Semestralmente, Hacienda publicará informes de seguimiento de estos planes. Si en el primer semestre de análisis no se cumplen dichos planes, Hacienda pedirá una justificación a la administración correspondiente, si tampoco se cumplen en el segundo semestre se pondrán en marcha las sanciones correspondientes.

SANCIONES DEL 0,2% DEL PIB

En el caso de incumplimiento, la administración responsable deberá constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su PIB nominal. El depósito será cancelado en el momento que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.

Sin en plazo de tres meses desde su constitución no se hubieran aplicado las medidas, el depósito no devengará intereses. Transcurrido un nuevo plazo de tres meses, el depósito puede convertirse en una multa si persiste el incumplimiento.

Finalmente, si pasan otros tres meses más y siguen sin adoptarse las medidas necesarias, el Gobierno podrá acordar el envío de una delegación de expertos para valorar la situación, que podrá solicitar cualquier dato información o antecedente respecto a las partidas de ingresos y gastos.

CENTRAL DE INFORMACIÓN

Las sanciones que ha implementado el Gobierno en la nueva ley se extienden la las obligaciones de transparencia informativa, puesto que el incumplimiento de estas obligaciones puede suponer la aplicación de las mismas.

De hecho, el Departamento dirigido por Cristóbal Montoro mantendrá una central de información de carácter público que provea de información sobre la actividad económico-financiera de las distintas administraciones. De hecho, bancos, cajas de ahorro y demás entidades financieras así como las administraciones públicas tendrán que remitir los datos necesarios y en la forma que se determine.

Además, el Banco de España colaborará mediante el suministro de información relacionada con las operaciones de crédito de las comunidades y corporaciones locales y otros datos concretos de endeudamiento si el Ministerio de Hacienda así lo requiere.

MECANISMO DE COORDINACIÓN

El Gobierno establecerá mecanismos de coordinación entre todas las administraciones para garantizar la aplicación efectiva de la ley, que no permite a ninguna administración incurrir en déficit estructural, salvo en circunstancias excepcionales. El volumen de deuda, por su parte, no podrá superar el 60% del PIB (47% el Estado, 10% las comunidades y 3% las entidades locales). El límite de deuda por cada comunidad tampoco podrá superar el 10%.

Las operaciones de crédito estarán sujetas al cumplimiento de los objetivos, aunque excepcionalmente y si resultan necesarias para garantizar la cobertura de servicios públicos fundamentales podrán concertarse operaciones por plazo superior a un año y no superior a cinco, sin que actúen las restricciones previstas, aunque seguirán sujetas a la autorización del Estado.

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El Gobierno fijará límites individuales de déficit y deuda a cada CCAA