Las comunidades autónomas adeudan más de 15.700 millones de euros a sus proveedores sanitarios (industria farmacéutica, empresas de tecnología sanitaria, oficinas de farmacia y conciertos público-privados), a quienes debería pagar unos 930 millones más en concepto de intereses anuales de demora, según lo establecido en la actual Ley de Morosidad. Así se desprende de un informe sobre el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) presentado este miércoles en el III Encuentro Especializado ‘Gestión de Cobros al Sector Público Sanitario’, organizado por Unidad Editorial

Las ventas del comercio minorista cayeron en Canarias un 3,3% en 2011, por debajo de la media nacional, que alcanzó el 5,8%, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del cuarto año en negativo de las ventas minoristas en un escenario de crisis económica marcado por la desaceleración del consumo. Durante el último mes del año, las ventas interanuales del comercio minorista registran por décimo octavo mes consecutivo signo negativo (-6,2%), moderando en 1,1 puntos la caída interanual de noviembre (-7,3%).

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha advertido de las dificultades a las que podrían enfrentarse las comunidades autónomas para obtener financiación para su deuda debido a la situación del sector bancario y a la incertidumbre en torno a su desempeño financiero. En un informe, la agencia destaca que el entorno operativo actual es probable que siga siendo complicado en 2012 a medida que los gobiernos de la eurozona implementen medidas de austeridad para recortar sus déficits y las perspectivas en torno al crecimiento económico sigan siendo débiles.

Las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP han convenido en una reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, celebrada en la sede nacional de este partido, en que se debe adoptar una fórmula para, igual que ocurre en la Unión Europea, aquellas regiones que incumplan los objetivos de déficit sean penalizadas. Aunque ha habido consejeros de Economía como el extremeño, Antonio Fernández, que han apuntado al término de la reunión que las sanciones se han tratado “de pasada”, otros han sido más explícitos en declaraciones a los medios de comunicación. De esta forma, el responsable económico de Aragón, Francisco Bono, ha asegurado que la intención del Gobierno es exigir “corresponsabilidad” a aquellas comunidades que “generen despilfarro”.

Canarias ha cerrado la IX legislatura en el quinto lugar entre las comunidades autónomas por el coste económico de los traspasos de competencias aprobados por el Gobierno de la Nación, que han alcanzado un montante total de 17,76 millones de euros, según el último balance realizado por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, actualizado hasta el pasado 18 de noviembre. En dicho informe, consultado por Europa Press, Canarias ocupa el quinto puesto por detrás del País Vasco, que lidera el ranking autonómico con traspasos por valor de 580,5 millones de euros, Cataluña (47,59 millones), Asturias (44,58 millones) y La Rioja (40,10 millones). Le siguen Murcia (13,08 millones), Galicia (9,69 millones), Comunidad Valenciana (7,76 millones), Baleares (4,81 millones) y Andalucía (2,8 millones)

El número de parados ha bajado en 3.100 personas en el tercer trimestre del año en Canarias, lo que representa un 0,94 por ciento menos respecto a los tres meses anteriores, y la tasa de desempleo se sitúa en el 29,55 por ciento. Asimismo, en la las islas el volumen total de parados se establece en 328.700 personas, lo que supone 18.400 desempleados más que un año atrás, con una subida interanual del 5,94 por ciento, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística. Por provincias, el desempleo alcanza a un total de 179.000 personas en Las Palmas, lo que representa una tasa del 31,62 por ciento; y a 149.700 personas en Santa Cruz de Tenerife, lo que supone una tasa del 27,41 por ciento

El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, ha pedido hoy a la Comisión Europea que no recorte las ayudas europeas para el Archipiélago en el nuevo periodo presupuestario de 2014 a 2020, tal y como prevé la propuesta para las regiones que, como las Islas, superan el 90% del PIB europeo.